Espionaje enloda política seguridad Uribe en Colombia

BOGOTA (Reuters) – Las interceptaciones ilegales de comunicaciones en Colombia podrían ser resultado de una visión errada de la lucha contra la guerrilla y enlodar, e incluso llevar al fracaso, la política de seguridad del Gobierno por repetidas violaciones a derechos humanos y falta de control.

El escándalo por grabación de llamadas de magistrados, periodistas y funcionarios, al parecer desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es el más reciente en una serie de irregularidades al interior del organismo.

Analistas dijeron que esas interceptaciones, que violan el derecho a la intimidad y normas jurídicas, deslegitiman el éxito de Política de Seguridad Democrática con la que el presidente Alvaro Uribe sustenta en gran medida su popularidad y los logros de su Gobierno.

La política -una ofensiva que ha incluido el aumento del presupuesto militar, de la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas y el pago de recompensas- obligó a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a replegarse a apartadas zonas montañosas y selváticas.

También permitió reducir los asesinatos, las masacres, los secuestros y los ataques explosivos contra la infraestructura económica de este país de alrededor de 44 millones de habitantes azotado por un conflicto interno de más de 40 años.

“Es otro eslabón en la cadena de excesos de la Política de Seguridad Democrática. Con la excusa de la derrota de las FARC y la guerrilla, el Gobierno se ha tomado muchas atribuciones y ha saltado barreras éticas y legales”, dijo el analista León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Valencia mencionó como otros excesos los permanentes cuestionamientos del Gobierno a opositores y las sugerencias de vínculos con la guerrilla, además de las ejecuciones por parte de efectivos del Ejército de civiles que luego presentan como miembros de grupos armados ilegales muertos en combates.

“Es una visión de seguridad que pasa por encima de la democracia, de los derechos humanos y del respeto a las libertades, trasgrede todas las normas, el respeto a la privacidad”, afirmó el analista.

El Gobierno acusó del reciente escándalo de espionaje telefónico a una mafia criminal infiltrada en su Central de Inteligencia que busca poner en riesgo la seguridad nacional.

GOBIERNO SE DEFIENDE, CRITICOS CUESTIONAN

Según denuncias periodísticas, desde el interior del DAS se graban conversaciones y se ofrecen servicios de interceptación a los carteles de la droga, a la guerrilla y a grupos armados ilegales conformados por antiguos paramilitares.

“Es para desprestigiar el Gobierno del presidente Alvaro Uribe y desprestigiar la Política de Seguridad Democrática”, dijo Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia, uno de los funcionarios víctimas del espionaje, quien negó la responsabilidad del Gobierno en las interceptaciones.

Analistas y críticos de Uribe dicen que si bien el Gobierno puede ser ajeno al escándalo, no debe evadir su responsabilidad porque los hechos demuestran una falta de control sobre una agencia que depende directamente del mandatario.

“Un organismo de semejante naturaleza que no tenga control corre el peligro de convertirse en una máquina infernal que le puede hacer daño a todas las instituciones, comenzando por el Gobierno”, aseguró un editorial del diario El Tiempo.

El diario recordó lo que sucedió en Perú durante la época de Vladimiro Montesinos.

Aunque falta identificar a los responsables y establecer los intereses que perseguían, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitió que las interceptaciones son bochornosas y enlodan el éxito de la Política se Seguridad Democrática.

“Sí, es un lunar en todo el funcionamiento del Estado y dentro de una institución clave en la inteligencia, por eso hay que llegar hasta el fondo y actuar rápido”, declaró Santos.

El analista Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia, dijo que podría tratarse de personas que sobornan a funcionarios de la central de inteligencia para espiar con algún propósito o por una mala interpretación de lealtad.

“Podrían ser funcionarios que en una mala entendida lealtad con el Gobierno toman a iniciativa propia realizar esas interceptaciones entendiendo que eso le hace un bien al Gobierno o al país, en lo que están equivocados, porque trasgrede las normas legales”, argumentó.

Rangel propuso un severo control a la central de inteligencia. Ya renunciaron tres funcionarios del DAS.

Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, con sede en Washington, dijo que el escándalo alimentará críticas de detractores de Uribe y le provocará un problema en Estados Unidos, donde demócratas han criticado su política de seguridad y exigen menor violencia y protección a los derechos humanos.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Silene Ramírez)

Por Luis Jaime Acosta

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