Esperan recuperar activos de Stanford

Un abogado de Miami que sigue la pista del patrimonio del intervenido Grupo Financiero Stanford y su presidente, el multimillonario texano R. Allen Stanford, dijo a El Nuevo Herald que hay esperanzas de recuperar algunos activos para responder a los clientes.

“Si hay algunas buenas noticias, es que hay unas inversiones del banco, en bienes raíces y en capital privado [private equity], pero es muy temprano para saberlo con seguridad”, explicó Bowman Brown, abogado especialista en leyes bancarias.

Brown, quien representa a decenas de clientes de Estados Unidos y América Latina con depósitos en el Banco Stanford, explicó que la situación no es similar al colapso del grupo Madoff, en el que el dinero se disipó a través de un esquema de pirámide.

En el caso de Stanford, agregó el abogado, no hay evidencias de que ese esquema haya sido generalizado aunque las autoridades de Estados Unidos que intervinieron el conglomerado alegan que sus directivos ese método para pagar los altos rendimientos que ofrecían.

El Grupo Stanford fue demandado la semana pasada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) por un presunto fraude masivo de unos $8,000 millones.

Las inversiones que Brown está examinando como potenciales fuentes de recuperación de activos están representadas en proyectos de bienes raíces en varias partes del mundo, incluyendo la Florida y en compañías “con muy malos prospectos”.

Una de las fuentes de infor-mación que el abogado está utilizando como parte de su pesquisa es la que se desprende de dos disputas civiles del magnate texano, una con su esposa Susan y otra con su compañera sentimental Luoise Sage Stanford, con quien no se casó.

Este último litigio, que se radicó en una Corte del Condado de Miami Dade, contiene una reclamacion de paternidad de dos hijos que Stanford tuvo con Sage.

Ambas reclamaciones reflejan que Stanford ha sido propietario de varios aviones privados y helicópteros, yates, carros lujosos y bienes raíces en Coral Gables, St Croix -en las Islas Vírgenes– y Antigua, según muestran los documentos judiciales.

Otra pista que sigue el abogado se deriva de un artículo publicado por The Wall Street Journal en marzo de 2002, que cita algunas de las inversiones de Stanford en Antigua

En ese entonces, el banquero estaba ligado a la financiación de la construcción de un majestuoso hospital estatal; un estadio de cricket, una sala de cine y el restaurante Sticky Wicket en el aeropuerto de la isla. También había expresado su interés en el hotel Half Moon, uno de los mejores del mundo según el canal de televisión Travel Channel.

No está claro si el magnate mantiene intereses en todas estas propiedades.

Brown, de la firma Shutts & Bowen, dijo que entre sus clientes se encuentran desde una señora que vendió su casa en $140,000 para invertir esa suma en certificados de depósito del banco, hasta dos grupos familiares que pusieron $15 millones en el banco atraídos por los altos retornos. De los $8,0000 millones en fondos en reclamación, $7,000 millones corresponden a clientes fuera de Estados Unidos, especialmente en América Latina. Los $1,000 millones restantes pertenecen a inversionistas de Estados Unidos, indicó.

“Era un operación básicamente orientada a América Latina”, opinó Brown.

El abogado explicó que los clientes que perdieron dinero pueden hacer su reclamaciones ante los interventores de los países donde residen o ante el interventor del banco de Estados Unidos, el abogado Ralph Hanvey, que fue designado el pasado 16 de febrero.

“Pueden intentar presentar la reclamación en las dos partes, en sus países y aquí en Estados Unidos”, señaló.

En Venezuela y Colombia ya han sido nombrados liquidadores o interventores de las filiales del banco. El ministro venezolano de Finanzas anunció que se está estudiando el valor del banco en ese país para ponerlo en venta.

Jaime Pinto, abogado que representa a un centenar de inversionistas de Perú, estimó que sus pérdidas podrían ser de $100 millones.

En el caso de Estados Unidos, los clientes tendrán que esperar a que el interventor elabore un informe sobre el conglomerado financiero.

En un principio la reclamación no se tramita a través del sistema judicial sino por la vía administrativa ante el gobierno, explicó el abogado.

Por GERARDO REYES
El Nuevo Herald

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