Ex trabajadores tomaron sede de Inspectoría en Freites

Los cesanteados del Consorcio SVS, contratista que construye las plantas de extracción del Proyecto Gas Anaco, se apostaron por ocho horas en las oficinas del Ministerio del Trabajo de Cantaura. Allí exigieron al inspector Richard Antoine la redacción de un documento que harían llegar al nivel central para que se dicte el reenganche de 2.258 obreros

CANTAURA.- Casi 200 trabajadores (de un total de 2.258) despedidos, presuntamente de forma masiva e injustificada por la empresa SVS (Sadeven Vincler Sodinsa), contratista de Pdvsa, tomaron por ocho horas la sede de la Inspectoría del Trabajo de Cantaura, municipio Freites.

El consorcio en cuestión aún construye dos plantas de recolección para el Proyecto Gas Anaco (PGA) de Pdvsa, en las parroquias San Joaquín y Santa Rosa.

El objetivo de la toma que de manera pacífica se mantuvo ayer entre las 8:00 am y las 4:00 pm, fue protestar contra los “despidos ilegales”. También, exigir la destitución de la jefa de fuero Yolanda Escalona y del inspector del Trabajo de la zona centro, Richard Antoine.

Los cesanteados acusan a estos funcionarios de obstaculizar la medida de reenganche que, según aseveraron, está por dictarse a su favor.

Explicaron que Antoine tenía que redactar y firmar nuevamente un expediente que enviarían al Ministerio del Trabajo en Caracas.

Esperan que el titular del despacho, Roberto Hernández, apruebe la providencia administrativa que favorecerá a los 2.258 trabajadores que han sido despedidos desde diciembre de 2007 hasta la fecha.

José Solano, Pedro Martínez, José González y otros voceros de los afectados, advirtieron que ayer el inspector no había concluido el documento, “pues estaba practicando medidas dilatorias, quizás a favor de la empresa”.

Refirieron que hace siete días Antoine envió un expediente del caso al ministerio, “pero allí utilizó las palabras despido injustificado, cuando tenía que colocar masivo, a sabiendas de que se lo devolverían”.

Esta acción provocó malestar entre los trabajadores, pues el documento fue devuelto por ese error.

Solano señaló que por esa razón decidieron tomar la sede y no abandonarla hasta que se presentara el inspector y, una vez más, mandara el escrito al ministro, quien tomará la decisión final del caso.

“Estamos cansados del peloteo, de tanta burla, esto tiene que solucionarse hoy (ayer). Ya tenemos mas de un año en esta lucha“, recalcó Martínez.

Salidas
Solano y Martínez recordaron que de la planta de San Joaquín hasta ahora han botado a 1.575 trabajadores y de la de Santa Rosa 683. Entre éstos hay cinco embarazadas, 70 personas con enfermedades profesionales y otras 42 que se encontraban de reposo médico (iban a ser sometidas a intervenciones quirúrgicas).

Explicaron que todos estaban contratados hasta la finalización de las dos obras, pero salieron de ellos aun cuando la construcción de la planta de San Joaquín está adelantado sólo en 60% y la de Santa Rosa en apenas el 40%.

Puntualizaron que estos porcentajes están contenidos en los informes correspondientes a una inspección que, por órdenes del ministro, se hizo el año pasado en las estructuras.

Mientras los trabajadores esperaban la llegada del inspector Antoine, quien se encontraba en Puerto La Cruz, al sitio llegaron efectivos de la Policía Municipal de Freites, Policía de Anzoátegui y Guardia Nacional.
Las comisiones de uniformados intentaron mediar para que los tomistas cedieran en sus actuaciones, pero no lo lograron y decidieron dejarlos allí, pues actuaban de forma pacífica.

No fue sino a las 3:00 de la tarde cuando se apersonó el jefe de la dependencia, acompañado de la nueva coordinadora del Ministerio del Trabajo en Nor-Oriente, Ana María Camilo Nuez, quien desde este miércoles sustituye en el cargo a Ali Véliz.

Camilo habló con los cesanteados y les prometió resolver el problema, además de aligerar la respuesta.

Esta funcionaria y Antoine hicieron las correcciones del documento, colocaron las palabras despido masivo y lo enviaron, por fax, al titular del Trabajo.

Ambos ordenaron el expediente y en presencia de los trabajadores, lo mandaron por correo (MRW) a Caracas.
A los ex obreros, que desalojaron la sede, les queda esperar el pronunciamiento del ministro.

Relato
Los ex obreros que tomaron ayer la sede de la Inspectoría de Cantaura son los mismos que el año pasado se apostaron en las instalaciones de Pdvsa-La Campiña (Caracas) y algunos de los cuales se cortaron las venas, en ese entonces. Otras tres veces ocuparon el edificio del Ministerio del Trabajo en la capital y por 48 días realizaron una huelga de hambre a las puertas de la Asamblea Nacional.

Paralización
Los despedidos aseguraron que la construcción de las plantas de extracción del PGA está paralizada, “desde hace ocho meses la de Santa Rosa y la de San Joaquín desde hace tres”. Alertaron sobre el deterioro de la estructura ya adelantada y de los costosos equipos. Dijeron que no se hace el mantenimiento correspondiente, muchos cables se sulfataron, mientras tornillos y piezas están oxidadas.

http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=181289

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