Reforma legal faculta al Ejecutivo para asumir servicios regionales

El parlamento aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, así como los textos de Aeronáutica Civil (aeropuertos) y General de Puertos, en las que se prevé la intervención del gobierno central sobre bienes y servicios públicos en manos de gobernadores y alcaldes por razones “estratégicas o conveniencia”

CARACAS.- “Por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia”, el Ejecutivo nacional podrá revertir la transferencia de las competencias concedidas a los estados, tales como vías nacionales, puertos y aeropuertos de uso comercial.

Tal potestad fue avalada este jueves por la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), al aprobar en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.

El texto legal fue votado satisfactoriamente por la mayoría de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Patria Para Todos y Partido Comunista de Venezuela, con el voto salvado de Podemos y el Bloque Popular Humanista (BPH).

Pero aún no será sancionada, es decir, enviada el Ejecutivo para su promulgación por cuanto, el diputado proponente, Francisco Ameliach presentó cambios de forma y de fondo a la redacción del proyecto de ley aprobado el miércoles por la Comisión de Política Interior, de la cual forma parte. Ello causó la protesta de Pastora Medina del BPH, quien le reprochó que no hubiera entregado “en limpio” su propuesta al resto de los legisladores.

A la Ley de Descentralización vigente se agregó un artículo 8, el cual en principio aludía a la potestad de rescatar atribuciones delegadas a las regiones en los servicios mencionados sin especificar los motivos (prestación del servicio deficiente e inexistente por parte del gobierno regional), que aparecían en la nueva norma número 9.

Estado subversivo
Ameliach propuso la siguiente redacción que recibió el visto bueno de sus homólogos: “A fin de tutelar el interés general de la sociedad y salvaguardar el patrimonio de la República, el Poder Público por órgano del Ejecutivo nacional podrá revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia la transferencia de las competencias concedidas a los estados para la conservación, administración y aprovechamiento de los bienes o servicios considerados de interés público general (…)”.

Ismael García de Podemos alzó su voz para advertir que con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia, el parlamento le propinó “un golpe a la Constitución” porque su espíritu es la descentralización y no la centralizalización. Adujo que la concentración de poder en el Ejecutivo es sinónimo de ineficacia.

“Se está desarrollando un Estado subversivo porque conspira contra sí mismo y contra la institucionalidad del país (…) Los derechos adquiridos -que en este caso es la descentralización- no pueden ser revertidos porque son para bien”, sentenció.

El artículo 9 también sufrió modificaciones por parte del militar retirado y establece que el Ejecutivo en Consejo de Ministros podrá decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios públicos transferidos, a fin de garantizar a la población un servicio de calidad. Desaparece la especificación a vías nacionales, puertos y aeropuertos por la generalidad de “servicios públicos” al igual que el 8.

Ameliach introdujo otra norma con el número 15 en la que se señala que es competencia de los estados, en coordinación con el Ejecutivo, la conservación y administración de autopistas nacionales, puertos y aeropuertos de uso comercial y deja claro que la rectoría de dicha coordinación recae en el gobierno central.

Acto seguido, la AN aprobó y sancionó las reformas del artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil y la Ley General de Puertos, que dan luz verde a la intervención de los aeropuertos y puertos, respectivamente, en los mismos términos establecidos en la modificada Ley de Descentralización.

Ante el insistente rechazo de la tolda vinotino, el diputado Carlos Escarrá (Psuv) intentó explicar que la descentralización de la que habla la Constitución de 1999 no se refiere a repartir cuotas de poder entre las regiones, sino de acercar “el poder al pueblo”.

¿Para quién?
El diputado de Nuevo Camino Revolucionario, Luis Tascón, preguntó a los parlamentarios de Podemos si legislaban y defendían los intereses de la población o de los alcaldes y gobernadores “que cuando podían cobrar los peajes no usaban el dinero para el mejoramiento de las vías sino para beneficio personal”. Dijo que por esa y muchas razones, el Ejecutivo debe asumir en varios casos competencias regionales.

AN respaldó prohibición de la pesca de arrastre
Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este jueves un acuerdo en respaldo al decreto con rango, valor y fuerza de ley, promulgado por el gobierno nacional, que elimina la pesca de arrastre a partir de este sábado.

El legislador anzoatiguense Henry Tachinamo señaló que la medida a ejecutar por el Ejecutivo no sólo es favorable al ambiente sino que además permite el desarrollo armónico para el sustento de los pescadores, al no incidir en el desabastecimiento de las especie marinas y fortalecer la pesca en el país.

“Ha sido un anhelo de los pescadores artesanales, defensores del ambiente, por los daños que se estaban ocasionando. Los industriales tuvieron un año para adaptarse y ni lo hicieron”; dijo al rechazar los señalamientos de algunos sectores, según los cuales, la eliminación de la pesca de arrastra provocará la escasez de pescado en Semana Santa.

Avance y diferimiento
En esta misma línea, Erasmo Marcano, agregó que le corresponde al gobierno avanzar en la expropiación de las embarcaciones y convertirlas en empresas socialistas para compensar a los pescadores que ahora quedarán cesantes.

El acuerdo plantea la necesidad de crear un sistema de comercialización para acabar con la usura en los precios y sancionar a los invasores en las franjas costeras que han desplazado a los pescadores de su hábitat natural.

Los diputados también iniciaron ayer la discusión de la Ley Orgánica del Sistema de Justicia, sin embargo, la misma fue diferida.

http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=182859

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