Cuatro años de cárcel para figura clave del Valijagate

El empresario venezolano Franklin Durán, uno de los principales protagonistas de un escándalo que sacudió políticamente a tres países de América Latina, fue sentenciado el lunes a cuatro años de prisión por actuar ilegalmente como agente del gobierno de Venezuela.

Vestido con una camisa caqui de prisionero y visiblemente pálido, el empresario, de 41 años, se mantuvo impasivo ante el fallo de la jueza federal, quien se apartó ostensiblemente de los 13 años y medio de condena que pidió el fiscal del caso.

“Esta sentencia es importante para el respeto de la soberanía de Estados Unidos y para que obre como un detente frente a aquellos que vienen a este país como agentes extranjeros”, afirmó la jueza Joan Lenard en el epílogo de un escándalo con ramificaciones en Estados Unidos, Argentina, Venezuela y Uruguay.

La jueza consideró un agravante que los actos de Durán afectaron a un ciudadano estadounidense, Guido Alejandro Antonini, ex socio y amigo del empresario.

El fiscal del caso, Tom Mulvihill, calificó la sentencia de “justa y ejemplar” .

En una audiencia que duró cinco horas, Ed Shohat, abogado de Durán, pidió una pena equivalente a los 16 meses que su cliente ha estado en prisión, argumentando que nunca intentó hacerle daño a Estados Unidos y que no hubo espionaje.

Según Shohat, las acciones de Durán fueron para ayudar su amigo Antonini y salvar sus negocios y reputación.

“Quiero pedir disculpas a Estados Unidos porque actué sin conocer las leyes”, afirmó Durán en una breve intervención previa a su sentencia. “Vine a Estados Unidos con la esperanza de solventar un problema de un amigo y poner fin a un escándalo que incluso estaba destruyendo mi vida”.

El escándalo, conocido como el Valijagate, estalló a mediados del año pasado cuando las autoridades de Aduanas del Aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires confiscaron un maletín con $800,000 en efectivo en poder de Antonini.

Tanto Antonini como otros testigos de la fiscalía federal de Miami declararon que el dinero incautado fue enviado por el gobierno del presidente Hugo Chávez a la campaña presidencial de Cristina Fernández, hoy presidenta de Argentina.

Durán dijo el lunes que el juicio fue una oportunidad para “demostrar a los medios que yo no tenía nada que ver con el contrabando del maletín con los $800,000”.

El empresario, que mantenía una estrecha relación con altos funcionarios de los servicios de inteligencia de Venezuela, fue acusado en diciembre del 2007 de confabularse con otros cuatro acusados para mantener en silencio a Antonini sobre el origen y destino del dinero.

Un jurado federal halló culpable a Durán por infringir una ley de 1917 que obliga a los agentes extranjeros a inscribirse ante el gobierno.

La connotación política del juicio salió a relucir el lunes cuando Shohat señaló que Estados Unidos no hubiera formulado los cargos si no existiera una situación conflictiva con Venezuela.

“Lo que hizo Franklin fue algo desagradable, pero no lo hizo para causar daño a Estados Unidos”, afirmó Shohat tras analizar varios casos en los que se aplicó la misma ley.

En un esfuerzo por mitigar la sentencia, Shohat presentó a varios empleados de la empresa Venoco de Venezuela, de la cual su cliente es copropietario. Los empleados viajaron a Miami expresamente para respaldar testimonios escritos sobre la generosidad y solidaridad del empresario.

Según Shohat, Durán se ha destacado por gestos humanitarios como poner su flota de aviones y helicópteros a disposición de las operaciones de rescate durante los deslizamientos en el estado Vargas en 1999.

En contraste, Mulvihill describió a Durán como un individuo avaricioso que amasó una fortuna mediante negocios corruptos y sobornos a funcionarios del gobierno de Venezuela.

“Es muy fácil ser generoso con el dinero de los demás”, afirmó el fiscal.

Mulvihill agregó que la razón por la que Durán aceptó participar como intermediario en la campaña para silenciar a Antonini fue que ello le aseguraría una “vasija de oro”.

La mención de los supuestos antecedentes de corrupción de Durán por parte del fiscal disgustó a Shohat porque el tema no se mencionó informe anterior a la sentencia.

Sin embargo, el abogado parecía preparado para contrarrestar el ataque y presentó a dos ex funcionarios venezolanos que querían desmentir el testimonio que rindió el ex socio y amigo de Durán, Carlos Kauffmann, durante el juicio.

Los ex funcionarios son Oscar Silva, ex director de Finanzas de la Guardia Nacional, y Rocío Ramírez, ex funcionaria de adquisiciones internacionales de la petrolera estatal PDVSA.

Aunque la jueza no autorizó la intervención, Shohat explicó que ambos están dispuestos a demostrar que las declaraciones de Kauffmann son falsas.

En los dos casos, los favores y gestiones que Kauffmann les atribuyó a cambio de supuestos sobornos no estaban bajo su control, explicó Shohat.

El abogado explicó que Ramírez no estaba en su oficina durante la época en que, según Kauffmann, recibía las coimas, porque había sufrido un accidente y luego porque se fue a Europa a estudiar.

Una vez que cumpla la condena, Durán estará tres años de libertad condicional. La jueza le impuso una multa de $175,000.

Por GERARDO REYES
El Nuevo Herald

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